La Oficina De La Defensa De La Niñez

La Oficina de Defensa de los Niños publicó un informe de 76 páginas que detalla diez años de abuso infantil en el sistema de la Escuela Pública de Hartford, Hartford, CT. El informe detalla varios incidentes de malos tratos a los estudiantes de manera oportuna e integral. He reducido los puntos principales de este informe de 76 páginas a 14 páginas para que pueda ser leído y comprendido mucho más rápidamente. Por favor, siéntase libre de imprimir esto y leerlo y mantenerse informado.

Sinceramente,

Dr. Aaron Lewis

LA OFICINA DE LA DEFENSA DE LA NIÑEZ

En abril de 2016, el Alcalde de Hartford, Luke Bronin solicitó a la Oficina de la Defensa de la Niñez iniciar una revisión inmediata de la política, procedimientos y prácticas del distrito de Escuelas Públicas de Hartford (HPS por sus siglas en inglés) con respecto al reporte obligatorio en casos de sospecha de abuso y abandono infantil. Esta solicitud se realizó tras el arresto de un administrador de la alta directiva del HPS, Eduardo (“Eddie”) Genao por el delito de Riesgo de lesión a un niño(a), y después de que se reportaron preocupaciones del público con respecto al conocimiento del HPS y sus ejecutivos sobre un reporte de sospecha de un “director” empleado por el HPS quien habría participado en “contacto inapropiado” con una menor. La Oficina de la Defensa de la Niñez (OCA por sus siglas en inglés) realizó una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas del HPS con respecto no sólo al reporte obligatorio de casos sospechosos de abuso y abandono infantil consistente con la ley estatal, sino también las políticas y prácticas del distrito con respecto al cumplimiento de las obligaciones federales previstas en el Título IX – específicamente prevenir, identificar y responder efectivamente a sospechas de discriminación sexual, acoso o abuso dentro de la comunidad escolar. La revisión de la OCA incluyó un extenso examen de los historiales del distrito, así como entrevistas con miembros clave del personal del distrito y la Junta Educativa. La OCA también asumió una amplia revisión de la investigación, datos y guías federales con respecto al reporte obligatorio y cumplimento del Título IX.

En 2010, la Oficina de la Defensa de la Niñez y la Fiscalía General (AG por sus siglas en inglés) presentaron un reporte conjunto tras una extensa investigación sobre el cumplimento de las leyes estatales de reporte obligatorio en varios distritos escolares. El reporte de la OCA/AG incluyó los siguientes hallazgos principales:

  1. Los distritos escolares no revisaban ni actualizaban sus políticas de reporte obligatorio regularmente.
  2. El entrenamiento sobre reporte obligatorio era inadecuado.
  3. Los encargados de los reportes obligatorios a veces fallaban en reportar sospechas de negligencia o abuso infantil por parte del personal de la escuela.
  4. El Departamento del Niño y la Familia (DCF por sus siglas en inglés) no tenía un sistema que permitiera documentar, seguir y solucionar la ausencia o retraso de los reportes obligatorios.
  5. Los empleados de escuelas quienes participaban en conductas indebidas no eran responsabilizados por sus actos de forma efectiva. A pesar de la publicación del reporte conjunto de OCA/AG en 2010, y la promulgación subsecuente de nuevas leyes para mejorar el reporte obligatorio, la revisión actual de la OCA contiene muchos hallazgos similares. La “sospecha razonable” de abuso o negligencia infantil es el estándar legal para realizar un reporte obligatorio. Las leyes federales y estatales requieren que los informantes obligatorios –ciertas categorías de individuos cuyo empleo o rol en la comunidad involucra estar alrededor de niños y familias- que tienen “sospechas razonables” de que un niño ha sido abusado o descuidado debe tomar los pasos necesarios para proteger a dicho niño reportando sus sospechas al DCF o a las fuerzas policiales.9 Tales reportes deben realizarse “tan pronto como sea posible, pero antes de cumplirse doce horas desde que el informante obligatorio tenga sospechas razonables de que un niño ha sido abusado o descuidado, o puesto en riesgo inminente de daño grave, por vía telefónica o en persona” al DCF o fuerza policial.

No se requiere que los informantes obligatorios realicen su propia investigación sobre una sospecha de abuso infantil.

Este principio de larga data recientemente fue plasmado en los estatutos de bienestar infantil, “la sospecha o creencia de un informante obligatorio se puede basar en factores que incluyen, pero no se limitan a, observaciones, alegaciones, hechos o declaraciones de un niño, víctima, tal como se describe en la subdivisión (2) de la subsección (a) de esta sección, o una tercera persona. Tal sospecha o creencia no requiere certeza o causa probable.”11 Las leyes de reporte obligatorio tampoco requieren que el perpetrador y/o víctima sean identificados específicamente al momento de realizar el reporte.

El DCF está Obligado a Investigar el Incumplimiento de Reporte de la Escuela

El incumplimiento de un informante obligatorio “empleado por una junta educativa local o regional” al reportar tales sospechas de abuso o negligencia infantil desencadena una investigación obligatoria realizada por el DFC de acuerdo con Conn. Gen. Stat. § 17a-101o. El incumplimiento de reporte por parte de cualquier informante obligatorio puede resultar en penalizaciones severas, incluyendo penalizaciones criminales.

El Título IX Prohíbe la Discriminación Sexual en Programas Educativos

Cuando una escuela acepta asistencia financiera federal, adquiere la responsabilidad de cumplir el Título IX de Enmiendas Educativas de 1972 (Título IX), el cual prohíbe la discriminación basada en el género en programas y actividades educativos, describe tres requerimientos procesales clave. Cada escuela debe:

(1) Diseminar un anuncio de indiscriminación;

(2) Designar al menos un empleado para coordinar sus esfuerzos para cumplir sus responsabilidades bajo el Título IX; y

(3) Adoptar y publicar procedimientos de reclamos para la pronta y equitativa resolución de quejas de discriminación sexual por parte de estudiantes y personal.

Una escuela tiene la responsabilidad de responder rápida y efectivamente a sospechas de discriminación/acoso sexual o abuso.

Una vez que una escuela conoce o razonablemente deba conocer posible violencia o acoso sexual, debe tomar acciones inmediatas y apropiadas para investigar y determinar lo sucedido.

Si ha ocurrido violencia sexual, la escuela debe tomar pasos rápidos y efectivos para terminar con la violencia sexual, prevenir su recurrencia, y combatir sus efectos. Una escuela tiene estas responsabilidades incluso si el estudiante o sus padres no quieren realizar una denuncia o piden que la escuela no tome acciones en nombre del estudiante, si la escuela sabe o razonablemente debiera saber sobre posible acoso o violencia sexual.16 La escuela debe tomar pasos para proteger al denunciante como sea necesario, incluyendo pasos tomados antes del desenlace de la investigación.

Toda escuela debe tener y distribuir una política contra la discriminación sexual, declarando que no discrimina según género en sus programas y actividades educativas.

La política anti-discriminación de la escuela debe ser distribuida ampliamente y estar disponible continuamente. La política debe señalar que dudas referentes al Título IX pueden ser referidas al coordinador del Título IX en la escuela, o a la Oficina de Derechos Civiles de la Secretaría de Educación Estadounidense (OCR por sus siglas en inglés). Las guías federales señalan que las escuelas deben tomar pasos firmes para prohibir conductas inapropiadas por parte del personal de la escuela, y tener “procedimientos para identificar y responder a tales conductas”, incluyendo normas de conducta referentes específicamente a “el acto conocido coloquialmente como grooming o adiestramiento –una estrategia de insensibilización común en las conductas inapropiadas del educador adulto.”

La guía de la OCR enfatiza la prevención, protocolos claros para la respuesta e intervención, y la preparación del personal y estudiantado para “asegurar que todos entienden los tipos de conducta que se prohíben y cómo responder cuando surge un problema.”19 Cada escuela debe tener un coordinador de Título IX y procedimientos de reclamo. Las escuelas deben a notificar a todos los estudiantes y empleados del nombre o cargo e información de contacto del coordinador de Título IX.20 Cada escuela debe poseer y dar a conocer un procedimiento de reclamos para que los estudiantes denuncien discriminación sexual, incluyendo denuncias de violencia sexual. Las escuelas pueden usar procedimientos disciplinarios generales para abordar denuncias de discriminación sexual, pero todos los procedimientos deben proveer una resolución rápida y equitativa de las denuncias de discriminación sexual. Esto incluye el derecho a la investigación adecuada, confiable e imparcial de las denuncias. La guía de la OCR advierte que al usar procedimientos disciplinarios contra los empleados, la escuela debe proveer medidas provisionales para proteger al denunciante en el ambiente escolar.”

La ley estatal requiere que los distritos implementen un programa de concientización y prevención del abuso sexual.

De acuerdo con la ley estatal actual, el programa de concientización y prevención del abuso sexual escolar debe incluir:

(1) Para los educadores, módulos de instrucción que pueden incluir, pero no se limitan a, (A) entrenamiento sobre la prevención e identificación de, y respuesta a, abuso y agresión sexual, y (B) recursos para aumentar la conciencia estudiantil, profesoral y parental sobre el abuso y agresión sexual y la prevención de tal abuso y agresión;

(2) Para los estudiantes, materiales educativos apropiados para su edad, diseñados para niños entre kínder y doceavo grado, inclusive, respecto a la concientización y prevención del abuso y agresión sexual infantil que puede incluir, pero no se limita a, (A) las habilidades para reconocer (i) el abuso y agresión sexual infantil, (ii) las violaciones de límites y formas no deseadas de contacto físico y (iii) las maneras en que los perpetradores adiestran o insensibilizan a las víctimas, y (B) estrategias para (i) promover la divulgación, (ii) reducir la tendencia a culparse a sí mismo (a), y (iii) movilizar a los observadores; y (3) una política uniforme de procedimiento de respuesta y reporte del abuso y agresión sexual infantil que puede incluir, pero no se limita a, (A) acciones que las víctimas de abuso y agresión sexual pueden tomar para obtener asistencia, (B) opciones de intervención y orientación para las víctimas de abuso y agresión sexual infantil, (C) acceso a recursos educativos para permitir a las víctimas de abuso y agresión sexual lograr el éxito escolar, y (D) procedimientos uniformes de reporte de abuso y agresión sexual infantil al personal de la escuela.

REVISIÓN DEL HISTORIAL DE EMPLEO DE EDUARDO GENAO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD REVELA PREOCUPACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DISTRITO DEL REPORTE OBLIGATORIO Y LEYES ANTI-DISCRIMINACIÓN

  1. En abril de 2016, oficiales de HPS y BOE, además de un informante obligatorio/miembro de la comunidad, no reportaron a tiempo preocupaciones sobre un “director” del HPS quien estaba teniendo contacto “inapropiado” con una menor.
  2. El Historial de Eddie Genao con el HPS Revela Fallas en la Prevención, Identificación y Respuesta a Alegaciones de Abuso/Negligencia y Conductas Inapropiadas por parte del Educador.

El DCF juzgó creíble incluir declaraciones de María indicando que Genao le hizo preguntas tales como “si tenía novio” y “si hablaba con otras personas en la computadora”. También le preguntó “dónde estaban sus padres.” En una ocasión, Genao le preguntó si podía usar una “cámara web” o “MSN Messenger” para que pudieran verse. Genao usaba términos afectuosos e íntimos al hablar con María, tales como “preciosa”, le decía que era “linda” y “negra”. Genao le advirtió a María que su comunicación debía mantenerse en secreto, diciéndole “no sería bueno decirle a nadie que estamos en la computadora.”

Inmediatamente tras enterarse de la investigación del DCF, Genao borró cierta información y programas de su computador personal. En los resúmenes de las entrevistas del HPS se incluyen muchas de las mismas declaraciones contenidas en los resúmenes de las entrevistas registradas por el DCF, incluyendo las declaraciones que el DCF juzgó creíbles.

El DCF dio crédito a las declaraciones de María realizadas durante las entrevistas del HPS/DCF sobre las “comunicaciones por mensajería instantánea en computadora con el Director, la autoridad representada por el Director, y el contacto físico relatado por el Director.” En su defensa, Genao le dijo a los entrevistadores del DCF y HPS que “[María] nunca me pidió que me detuviera.”

El 17 de diciembre de 2007, mientras la investigación del HPS se encontraba en marcha, las notas de Recursos Humanos del HPS indican que el Defensor de Relaciones Familiares (FRA por sus siglas en inglés) del distrito se reunió con administradores del HPS para discutir las alegaciones contra Genao. La FRA le dijo a los administradores del HPS sobre una conversación que sostuvo con Molly con respecto a su familiar, María. Durante la reunión con la FRA, Molly reiteró las inquietudes que reportó al HPS y DCF durante las entrevistas, donde dijo que Genao también incomodó a Molly cuando era estudiante en el HPS y que la “besaba y abrazaba” cuando estaban solos. Molly le dijo a los investigadores que el Sr. Genao también le dijo que mantuviera su comunicación en línea en secreto. Molly aseguró “quería irme de la escuela porque me hacía sentir incómoda.” Cuando se le ofreció a Molly la oportunidad de ser trasladada dentro del HPS, se negó diciendo “No puedo dejar a [familiar]” y que debía mantenerse en HPS para que “esto se detenga”. Molly le reportó a la FRa que “ojalá te hubiese dicho esto antes, pero estaba avergonzada.” Ciertos individuos, incluyendo empleados del HPS y un abogado de personal y trabajador social del DCF fueron entrevistados por el DCF como parte de su investigación de las alegaciones hechas contra Genao. Múltiples empleados de la escuela le reportaron al DCF que María les había dicho que Genao le enviaba mensajes/correos electrónicos en la noche, y que la joven estaba preocupada e incómoda. María también era una “empleada estudiante” de Genao. Otros empleados confirmaron que escucharon que una o más estudiantes se sentían incómodas al quedarse solas con Genao cuando su secretaria no estaba presente. Una educadora declaró que escuchó que estudiantes “decían que ciertas cosas habían sucedido entre ellas y el Sr. Genao”, y otros hicieron referencia a “rumores” que escucharon sobre Genao y estudiantes femeninas. Otro empleado sabía sobre otras jóvenes que no se sentía cómodas estando solas con Genao y el empleado había discutido con un colega la forma en que Genao tocó las caderas de una estudiante en la cafetería. Múltiples empleados aseguraron que le aconsejaron a María decirle a sus padres u otras autoridades sobre los mensajes electrónicos y su incomodidad con el director. Un empleado le dijo a María que “dejara de responder los mensajes de Genao y lo borrara de su lista.” Un educador le dijo al DCF que María había reportado que se sentía incómoda con Genao pero que “[María] no quería hacer nada al respecto.”

En vista de la investigación del DCF, el Sr. Genao enfrentó acciones disciplinarias internas en la forma de una carta de reprimenda. A través de su representante sindical, el Sr. Genao solicitó que el distrito tomara un “enfoque agresivo” hacia cualquier solicitud de la Ley de Libertad de Información respecto al caso. Una nota del distrito en la letra de reprimenda incluía una advertencia escrita de que el asunto debía mantenerse “estrictamente confidencial.” La carta disciplinaria que se refería al “mal juicio” de Genao, pero no a la caracterización por parte del DCF de su conducta como “adiestramiento”, fue negociada por Genao y su representante sindical durante una reunión en enero de 2008, quienes indicaron que la Unión exigiría “una audiencia en pleno antes de emitir algo más que una reprimenda verbal.” La carta disciplinaria acordada por los involucrados se refería a la participación “inapropiada e inaceptable” de Genao en interacciones sociales electrónicas con una estudiante y reflejaba la promesa de Genao de “cesar y desistir de intercambios sociales con los estudiantes, electrónicamente y por otros medios.” Cualquier incumplimiento expondría a Genao a penalizaciones y posible terminación de su empleo. Desconcertantemente, la reprimenda del Distrito indicó que “no se encontró conducta física inapropiada,” a pesar que tanto María como su familiar (la ex-estudiante) reportaron que el Sr. Genao había iniciado contacto físico inapropiado, respecto a lo cual María reportó que Genao “siempre tenía que estarla tocando,” y Molly declarando que Genao la abrazaba y besaba cuando estaban solos.

Después de su traslado lateral al cargo de Director Ejecutivo de Educación para Adultos, Genao fue ascendido/trasladado a varios altos cargos ejecutivos dentro del HPS, sin ningún registro de asesoramiento individual o específico, entrenamiento, o supervisión de las interacciones del Sr. Genao con los estudiantes. La posición final de Genao en el HPS, Director Ejecutivo de Cumplimiento [para educación especial] se efectuó en cumplimiento a un contrato con el HBOE firmado en octubre de 2013, el cual le ofrecía a Genao un salario de $169.494, que aumentaría a $176.274 en julio de 2015. Las posiciones ejecutivas deben ser recomendadas por el Superintendente y aprobadas por el HBOE. El ascenso de Genao fue recomendado a la Junta por la Superintendente Christina Kishimoto. Genao ocupó múltiples cargos que requerían de la aprobación del HBOE. El cargo final de Genao como Director de Cumplimiento fue considerado un descenso del gabinete del Superintendente y fue facilitada por la Superintendente de Escuelas más reciente, Beth Schiavino-Narvaez.

Las entrevistas de la OCA revelaron que los miembros de la Junta típicamente no examinan ni preguntan sobre asuntos personales anteriores a los candidatos que el Superintendente recomiendo para un ascenso. Superintendente Adamowski, en respuesta a las preguntas de la OCA, señaló que no se había enfrentado al problema de cómo o cuándo compartir tal información con la Junta puesto que nunca hubiese buscado ascender a alguien con una reprimenda profesional en su historial. Al menos otro miembro de la Junta declaró que incluso una reprimenda anterior como la de Genao no le impediría aprobar el ascenso, considerando el hecho en cuestión y el tiempo transcurrido sin quejas adicionales. Esta miembro de la Junta expresó la inquietud de que todos los candidatos a ascenso deben ser tratados justamente y con el “proceso debido”, y que el pasado no se les puede recriminar por siempre. A pesar de que la Junta Educativa debe aprobar los nombramientos y contratos de ejecutivos, según las entrevistas realizadas por la OCA con miembros de la Junta Educativa vigentes y pasados, los nombramientos que se presentan a la Junta se realizan con la recomendación del superintendente y por lo general son aprobados. La única información proporcionada a los miembros de la Junta es el currículo del candidato y en algunos casos, un resumen de sus calificaciones. Traslados laterales, descensos y las posiciones inferiores a la de director, no requieren aprobación de la Junta.

  • Entre 2005 y 2016 el Distrito no tenía protocolos ni prácticas claras para identificar, prevenir o responder a abuso sexual infantil en la comunidad escolar y las políticas de reporte obligatorio no eran consistentes con la ley estatal.
  • La Junta Educativa no asistió al Distrito en el mantenimiento de políticas de reporte actualizadas y efectivas a pesar de ordenanzas organizacionales que depositaban la responsabilidad de la elaboración de estas políticas en la Junta Educativa.
  • HPS/Junta, tras la renuncia y arresto del Sr. Genao, completaron una actualización de sus políticas de reporte obligatorio en junio de 2016, con áreas identificadas para mejoras posteriores.
  • El Cumplimiento del Título IX Es Significativamente Deficiente
  • El DCF No Mantiene Una Base de Datos de Registros de Instancias en las Cuales un Informante Obligatorio Empleado Por una Junta Educativa Local o Regional Fracasa En Reportar Sospechas de Abuso/Abandono Infantil.
  • La OCA Realiza Una Revisión Independiente de Reportes al DCF Sobre Supuesto Abuso/Negligencia De Los Estudiantes Por Parte del Personal del HPS.

La investigación de la DCF y la HPS del 2013, sobre múltiples empleados en escuelas básicas del HPS reveló un notorio patrón de fracaso en la prevención, reporte y respuesta al abuso y abandono infantil.

En 2013, una llamada realizada por la madre adoptiva de un joven, activó una amplia investigación a cargo de la DCF sobre el abuso y el abandono infantil, que reveló un patrón alarmante que demostraba que el personal no estaba cumpliendo con las leyes estadales de reportes obligatorios. La OCA revisó los documentos asociados con esta investigación como parte de una revisión actual. Reportes internos de la HPS de la escuela del chico, incluyen un memorando con fecha de octubre de 2011 realizado por el director y que fue distribuido a todo el personal de la escuela, describiendo todas las obligaciones de los empleados para informar el abuso o el abandono ante el mismo director o ante el equipo de crisis de la escuela. El memorando abordó lo que el director consideró como “malos entendidos” con respecto al proceso de informar la sospecha de abuso o abandono infantil ante la DCF. El memorando identificó a un “Equipo de crisis” escolar que se reuniría para “revisar toda la información y la evidencia conectada con algún reporte (interno, de un miembro del personal) para determinar si una llamada a la DCF era justificada”. Sólo si se justificaba, el empleado/reportante podía entonces informar mediante una llamada telefónica a la DCF. En los casos en los que el supuesto ejecutor del abuso o abandono sea un miembro del personal de la escuela, el memorándum ordenaba a los empleados afectados que “sea notificado al director del edificio,” y el director entonces tendrá que “conducir una investigación”. Sólo si “la suficiente evidencia sugería un posible abuso,” el director contactaría al superintendente y notificará a los padres.

Un administrador de una escuela fue informado por un miembro del personal de otro incidente donde otro empleado de una institución fue visto “empujando y abofeteando” a un niño pequeño “en el rostro, cuando estaba en la cafetería.”

  • Un administrador escolar tuvo conocimiento de otros incidentes donde el niño fue herido presuntamente mientras era “intervenido” o reprimido por el personal.
  • Otro profesional, no empleado directamente por la escuela, informó que ella vio al niño con su maestra, y luego que su maestra hiciera un chiste y el niño preguntase a la profesora qué era lo gracioso, esta respondió “tú a mí no me preguntes de qué me estoy riendo… y disculpa… ¿a quién crees que le estás hablando… niño… Soy una mujer adulta, así que mejor permanece en tu asiento… mejor detente antes de que te tumbe de esa silla, y no me importa si otro profesional está aquí dentro, lo haría delante de ellos, niño… por favor”. La maestra luego presuntamente dijo a otro niño, llegando a oídos de un adulto, “¿sabes qué es lo que está mal con él? no seas como él, ¿está bien? No resultes ser como él (el niño).” El profesional reportó el incidente a su supervisor comunitario y a la administración de la escuela.
  • Todas las copias de los reportes de estos incidentes fueron retenidas por la administración de la escuela y no fueron reportadas ante la DCF
  • El niño, entonces en primer grado, dijo a un miembro del personal que “quería suicidarse.” La directiva de la escuela luego reconoció que no era la primera vez que el niño decía que quería hacerse daño o quitarse la vida. El personal de la escuela preguntó al doctor comunitario, con quién el niño tenía una relación cercana, para que viniese a ayudarle.

Las investigaciones llevadas a cabo por la DCF llevaron a múltiples sustanciaciones de los empleados de la escuela (todas revocadas por recurso administrativo a pesar de la evidencia documentada, las declaraciones de los testigos, y las conclusiones de los investigadores de la DCF). El distrito trató de manera infructuosa de despedir a al menos dos empleados, incluyendo a la maestra y a un administrador escolar, como resultado de la presencia del patrón de ocultamiento de los informes y la desprotección para este pequeño niño. La DCF, en su papel de guardián de los niños, retiró al niño de la escuela y aseguró que el niño fuera introducido en un ambiente más seguro. Como resultado de la investigación de DCF, el liderazgo del Distrito, bajo el entonces Superintendente Kishimoto, pidió a DCF que ayudara a entrenar a los directores y al gabinete del Superintendente sobre las leyes de presentación de informes obligatorias. La OCA recibió varios correos electrónicos intercambiados por el personal de la DCF y la HPS refiriéndose a la capacitación proporcionada por la DCF para dirigir a los administradores a finales de 2013. Durante las entrevistas de OCA, realizadas como parte de esta revisión, se hizo referencia a los incidentes descritos anteriormente -ya conocidos por el Defensor del Niño- por representantes de múltiples distritos. Los empleados describieron los incidentes en la escuela como eventos seminales en la evolución del cumplimiento obligatorio de los informes del distrito, describieron la capacitación proporcionada por el DCF y la mayor atención prestada a estos principios a raíz del escándalo interno. Los representantes del distrito también describieron la dificultad que encontraron al tratar de responsabilizar a los empleados por el maltrato infantil, señalando el esfuerzo infructuoso de tratar de despedir a los empleados de la escuela a raíz de las repetidas y no reportadas denuncias de abuso y abandono de este chico. Los funcionarios del distrito enfatizaron su afirmación de que sus manos están atadas cuando DCF en última instancia no mantiene la sustanciación de abuso / abandono por parte de los empleados del distrito. Sin embargo, a pesar de los informes anteriores de la OCA y la Fiscalía General de la Nación, los impactantes acontecimientos en la escuela en 2013 y la posterior formación de la DCF en el liderazgo de la HPS, la revisión contemporánea de OCA de los informes al DCF entre 2013 y 2016 revela que las preocupaciones por el incumplimiento de las obligaciones de informar, permanecieron persistentes con el distrito. Además, la revisión de los informes da lugar a una serie de preocupaciones en relación al tratamiento de los niños con necesidades especiales, la capacitación y la supervisión y los recursos para el personal que trabaja con niños con discapacidades, la falta de documentación e información sobre la utilización de la restricción y reclusión ,y la aparición de lesiones en los estudiantes como requiere la ley estatal, y la capacidad de los funcionarios del distrito para mantener los empleados responsables de la conducta relativa a estas situaciones

Fecha de investigación de la DCF: Octubre de 2015

Presunta víctima: G, niño de 7 años, estudiante especial – diagnosticado con autismo por (Profesional MH – terapeuta de G fuera de la escuela)

El terapeuta comunitario de G se puso en contacto con la DCF y reportó que el niño reveló durante una sesión de terapia que un día en la escuela lo pellizcó, dejándole marcas en el pecho. Ella se dio cuenta de que podía ver las marcas. Una se había decolorado, la que G dijo que había sido del viernes anterior. Durante la investigación, se supo que la madre de G había hablado por primera vez con la escuela acerca de que G había tenido marcas una semana antes. La escuela programó una reunión y acordó retirar al empleado de la clase de G. No se hizo ningún informe al DCF sobre las denuncias presentadas por la madre de G. La enfermera de la escuela también señaló que G había sido llevado a su oficina escoltada por sus padres y un traductor. Ella notó dos moretones en G, así como varias marcas elevadas en su cuerpo. Su madre alegó que las marcas se le habían infligido en la escuela. La enfermera no informó ninguna preocupación a la DCF. La DCF no encontró sustanciación en el caso ya que no pudo determinar cómo el niño sufrió los moretones. No hay consultas documentadas con un pediatra especialista en abuso infantil.

El caso refleja el hecho de no reportar oportunamente las denuncias de lesiones infligidas a un niño.

Fecha de la investigación de la DCF: Marzo de 2016. Supuesta víctima: niño de años, diagnosticado con autismo, reportante no-verbal: Madre

La madre del niño llamó a la DCF alegando que su hijo de 5 años estaba siendo lesionado en la escuela. Ella informó que tres semanas antes su hijo volvió a casa de la escuela y ella notó que tenía moretones y rasguños en su oreja. El padre del niño lo llevó a la escuela el día siguiente y preguntó qué había sucedido, pero le dijeron que nadie sabía nada. Luego, la madre del niño se reunió con el director de la escuela y la maestra del niño, que declaró que ella había visto los rasguños en la oreja pero no lo envió a la enfermería. La madre notó luego otro rasguño en la otra oreja del niño, también sin explicación. Ella volvió a la escuela y habló de nuevo con el director, quien accedió a organizar una reunión escolar para discutir la situación. De acuerdo a los documentos de la investigación de la DCF, la madre estaba molesta porque ella pensaba que la escuela no estaba haciendo nada por las lesiones de su hijo y no sabía qué hacer. La escuela reconoció que ellos sabían acerca de las lesiones pero no podían dar una explicación de lo sucedido. La DCF no pudo sustanciar debido al hecho de que el niño tiene conductas complicadas, y la DCF no pudo determinar cómo fueron causadas las lesiones. La OCA resalta que los moretones en la oreja de un niño son sospechosos de lesión infligida y es muy poco probable que hayan sido causados por un berrinche. Lesiones repetidas a un infante en la escuela debió haber sido reportada a la DCF de manera oportuna. La preocupación de la madre era que esas lesiones habían sido infligidas.

Fecha de investigación de la DCF: Septiembre de 2015. Presunta víctima: estudiante de 6 años, diagnosticado con autismo, reportante no verbal: empleado de la escuela

Un empleado de la escuela llamó a la DCF para reportar un incidente ocurrido más de tres semanas antes. Un infante, no verbal y diagnosticado con autismo, dejó la escuela y no podía ser encontrado. Luego fue encontrado eventualmente por alguien en la comunidad a varias manzanas de distancia y lo llevaron de vuelta a la escuela. La investigación de la DCF reveló que el niño debía tener apoyo personalizado debido a su condición. La escuela declaró que tenían poco personal y por lo tanto el niño no estaba siendo supervisado de manera adecuada. La DCF no sustanció el reporte por abandono físico, pero conversó con el personal para que se asegurasen del cumplimiento de su deber de informar obligatoriamente, y el investigador documentó preocupación acerca de la falta de supervisión y el poco personal para las clases de los niños – enviando estas preocupaciones al superintendente.

El caso refleja una falla en el reporte oportuno de serias preocupaciones con relación a la seguridad de los niños y la falta de supervisión

Fecha de investigación de la DCF: Noviembre 2015 Supuesta víctima: Estudiante de 10 años con necesidades especiales. Reportante: Doctor y madre

Un doctor del Hospital de Niños se puso en contacto con la DCF en relación a un niño de 10 años que presentaba varias marcas, moretones y quemaduras presuntamente infringidas por un técnico de comportamiento en su escuela. La madre del niño dijo que había sido llamada a la escuela por el personal de la oficina porque su hijo estaba teniendo un “mal día”. Cuando llegó, vio que su hijo tenía una gran marca en el brazo. Ella mostró la marca al director de la escuela quien más tarde declaró a la DCF que ella era consciente del incidente pero que estaba recopilando información para hacer su propia investigación. Al día siguiente, la madre trajo al director una foto de las heridas de su hijo. El director, entonces, se puso en contacto con la DCF para reportar también el incidente, pero ya había sido reportado por el hospital.

El caso refleja la falla en reportar oportunamente lesiones a un niño ante la DCF por parte del funcionario de la escuela, y el uso de “investigación interna” en lugar del reporte obligatorio.

Fecha de investigación de la DCF: Octubre de 2014 Presunta víctima: Estudiante de 7 años (D) estudiante especial – diagnosticado con autismo. Reportante: Abuela materna (MG)

MG se puso en contacto con la DCF debido a que ella y los padres de D estaban preocupados porque el niño de 7 años no estaba recibiendo la supervisión apropiada en la escuela. Ella informó que tiene un diagnóstico de autismo y está obligado a tener supervisión personalizada, pero ha tenido cinco informes de incidentes / lesiones en cuestión de semanas. Lo padres de D están preocupados porque él puede no estar seguro en la escuela. El Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) exhorta un apoyo personalizado, pero la familia alega que no lo está recibiendo. El administrador de la escuela declaró a la DCF que él le dijo al padre que la escuela “no puede garantizar que D no sea rasguñado o que alguien le lance algún objeto.” La maestra expresó a la DCF preocupaciones en relación al personal y a la supervisión de los niños. Ella afirmó que ha presentado esas preocupaciones ante la administración de la escuela y ante el departamento de educación especial para explicar que la clase en la que trabaja estaba incumpliendo (con la leyes estadales / federales de educación especial) debido a la falta de personal para el apoyo personalizado. Ella dijo que la respuesta a sus correos electrónicos eran que “tuviese paciencia.” Una ayudante de la clase dijo a la DCF que “ella nunca recibió ninguna documentación o entrenamiento en relación sobre cómo trabajar con estos estudiantes,” y que ella no tenía ningún entrenamiento para estar en un salón de clases ABA, y que ella creía que la HPS no ofrecía tal entrenamiento. La DCF no encontró sustentación en el reporte de abuso, pero declaró que “una carta sobre las preocupaciones del programa será enviada al director y al superintendente de la HPS para documentar dichas inquietudes (con relación al personal y a la falta de entrenamiento de los miembros del salón de clases.)”

El caso refleja las inquietudes con respecto a la falla en el reporte de patrones de lesiones a un niño, algunas resultando en daños, una falta de supervisión sobre niños vulnerables.

Fecha de investigación de la DCF: Febrero de 2016 Presunta Víctima: niño de 9 años. Reportante: Enfermera

El 18/02/16, Y de 9 años de edad fue llevado al hospital de niños de la localidad debido a lesiones recibidas en la escuela. Tenía quemaduras de alfombra y raspaduras en el cuello y los brazos, hematomas y dolor en las costillas. Informó que su director, así como el guardia de seguridad de la escuela utilizaron la fuerza excesiva con él, lo reprimieron y le dejaron marcas. Y terminó en el suelo y sufrió múltiples lesiones menores. No se lo contó a nadie en la escuela y el director no lo envió a la enfermera para que viera sus heridas. Las lesiones eran visibles con la ropa puesta. La madre de Y se fijó en ellas al salir de la escuela y le pidió a Y que levantara su camisa. Ella estaba muy molesta y habló con el director que, según la persona que llamaba, le dijo que cuanto más fuerza Y usa, más fuerza necesitan usar. DCF no confirmó el informe, pero envió una carta al Superintendente de las Escuelas Públicas de Hartford con respecto a las preocupaciones sobre el Director.

El caso refleja preocupación por la falta de informes y documentación sobre las lesiones a un niño. Los distritos también están obligados a reportar tales lesiones al Departamento de Educación del Estado.

En algunos distritos, las investigaciones [internas] iban más allá de lo que sería necesario para determinar si existía una sospecha razonable de abuso o abandono… El personal de la escuela no está capacitado para conducir investigaciones… y no existe un sistema para evaluar la calidad de tales investigaciones… El conocimiento prematuro de la denuncia, especialmente por el presunto autor, puede impedir la capacidad del investigador para obtener información completa y veraz… Los reportantes obligados no requieren ni deben tratar de determinar la verdad de las acusaciones antes de reportar algo.

“Durante el curso de esta investigación… encontramos numerosos ejemplos de prácticas en los distritos escolares que tienen el efecto de desalentar fuertemente la presentación de informes a la Línea Directa de la DCF… De nuestras entrevistas con el personal del distrito escolar, en varios distritos escolares, está claro que la renuencia de los reportantes obligatorios para hacer realidad los informes legalmente requeridos a la DCF, es omnipresente. Numerosos empleados de la escuela … expresaron su renuencia a presentar informes debido a un fuerte temor de represalias “.

Fecha de investigación de la DCF: Enero de 2015 Presuntas víctimas: Varios estudiantes de 12 y 13 años. Reportante: Administración escolar

En diciembre de 2014, un administrador escolar contactó a la DCF alegando abuso emocional sobre un joven de 13 años por su maestro. El maestro presuntamente se llevó al niño, que tiene síndrome de Tourette, fuera del salón y le gritó en su cara “durante 11 minutos” mientras el niño lloraba. Otro estudiante declaró luego a la DCF que el profesor estaba furioso con el chico por “decir cosas en voz altas” mientras trabajaban en un poema, y el maestro le gritó al niño, “aunque este no pudiese evitarlo”. El estudiante testigo dijo a la DCF que el otro maestro (en educación especial) en la clase, lucía asustado cuando el chico estaba recibiendo gritos por tan prolongado periodo de tiempo. Cuando el joven retornó a la clase aún estaba llorando y otro adulto escuchó al maestro decir “siéntate, deja de llorar, y te vas a casa a llorar luego.” Pero el joven no podía parar de llorar y seguía llorando cuando los estudiantes fueron a la siguiente clase. En la siguiente clase, el profesor, quien fue descrito como “un agradable profesor” por el estudiante testigo”, ayudó al joven. El “agradable profesor” le dijo al joven que todo estaba bien y que “iba a hablar con algunas personas al respecto y que (lo que pasó) no era aceptable.”

Durante las investigaciones, la DCF fue informada de otro incidente que estaba siendo investigado internamente por el Departamento de Relaciones Laborales de las Escuelas Públicas de Hartford, con respecto a un problema entre el mismo maestro y otro estudiante, pero que no había sido reportado a DCF. En enero de 2015, se presentó otro informe mientras se llevaba a cabo la investigación del DCF sobre el presunto abuso emocional a otro estudiante de 12 años. En las tres situaciones, el maestro gritaba a los estudiantes, les intimidaba físicamente y los sacaba de clase de manera que alarmaba a otros adultos en la escuela. La investigación de la DCF reveló que durante la década anterior había habido varios reportes a la DCF sobre este profesor. Pero las investigaciones del DCF a través de los años revelaron otras preocupaciones no reportadas sobre la conducta del maestro con los estudiantes, tales quejas fueron manejadas internamente por el distrito. Ninguna de las denuncias entre 2004 y 2014 fue justificada como abuso / negligencia por parte del DCF, pero DCF reportó al distrito las inquietudes sobre los problemas de ira del maestro y la posible necesidad de terapia. La investigación de la DCF en el 2005 no fue corroborada, pero resultó en que el DCF identificó “preocupaciones del programa debido al patrón de comportamiento continuo del maestro como límite para abuso emocional y negligencia.” Las investigaciones del DCF de 2015 revelaron que el maestro parecía maltratar a los niños que estaban recibiendo servicios de educación especial, y al menos un estudiante le dijo a DCF que el maestro sólo maltrata a los estudiantes que no son blancos. Todos los estudiantes nombrados como víctimas en las dos investigaciones de la DCF de 2015, son afroamericanos. A lo largo de las investigaciones más recientes, todos los maestros entrevistados por la DCF expresaron su preocupación por el comportamiento del maestro, y varios estudiantes afirmaron que el maestro tendía a intimidar a los niños con discapacidades.

  • Un maestro le dijo a DCF que había presenciado un incidente en el que el maestro acorraló a un niño, lo “insultó” y “atacó al estudiante verbalmente” mientras el niño lloraba. El profesor de música dijo que era nuevo en la enseñanza, pero que no pensaba que era así como los maestros debían tratar a los niños. Dijo que otro maestro también fue testigo del incidente.
  • La maestra de educación especial informó que fue testigo de parte de uno de los incidentes reportados posteriormente a DCF, pero que ella tendía a “afinar las cosas”. Ella dijo que el niño (que fue diagnosticado con Tourette) era “histérico” y otro estudiante le dijo que “no llorara pues se iba a meter en problemas.” Señaló que habían existido incidentes previos con el profesor en los cuales ella tuvo que “dar un paso al frente.” Un día, ella estaba a dos salones y escuchó la puerta cerrarse con fuerza, y pensando que era un estudiante ella entró al aula donde vio a los niños “llorando y (ella) tuvo que calmarlos.” Le dijo al profesor que “saliera a caminar,” y cuando él volvió “estaba calmado pero los estudiantes aún le temían.” Ella no reportó ningún incidente ante la DCF.
  • El director le dijo al investigador del DCF que ha sido testigo de cómo el maestro ha sido agresivo e inapropiado con los estudiantes en el pasado. Él ha reprendido al maestro y hablado sobre el contacto apropiado con los estudiantes. El director informó que ha tenido numerosas quejas de los padres sobre el profesor, muchos de los cuales llaman al profesor un “abusón.” Afirmó que cuando se enteró de un incidente reciente con un estudiante, no se puso en contacto con la DCF porque no fue testigo directo del hecho, y sabía que los otros maestros que lo hicieron eran reportantes obligatorios. En última instancia, la DCF sustentó el abuso emocional y el abandono por parte del maestro. La DCF recomendó que el profesor fuera colocado en el Registro Central y apuntó inquietudes significativas con respecto a su habilidad para enseñar adecuadamente a los niños.

RECOMENDACIONES

Acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de Leyes de reporte obligatorio de Connecticut y reconocer, prevenir y detener el abuso y la negligencia hacia los estudiantes por parte del personal. La HPS debería implementar completamente su política de reporte obligatorio revisada de junio de 2016 y asegurarse de que todas las escuelas dentro del distrito estén cumpliendo con sus providencias.

Asegurarse de que todos los empleados estén capacitados para entender que no es función del empleado evaluar o investigar una denuncia de sospecha de abuso o negligencia infantil, es sólo su obligación informar de una “sospecha razonable”.

Mientras que un distrito tiene la obligación de conducir investigaciones de recursos humanos, investigaciones de acoso sexual / conducta indebida, y disciplinar a los empleados cuando sea apropiado, la HPS debe tener protocolos claros para coordinar e incluso retrasar actividades donde sea necesario para el bienestar infantil o las prioridades de aplicación de la ley.  El Memorando de Entendimiento con las agencias locales de cumplimiento de la ley y de bienestar infantil, así como protocolos claros de comunicación con dichos organismos, puede ayudar a aclarar y coordinar las actividades y responsabilidades de investigación compartidas por el distrito, con funcionarios locales y estatales.

La HPS / Junta educativa debe revisar anualmente su política, procedimientos y prácticas de notificación obligatoria para asegurar que todos los cambios legislativos se reflejen en esas políticas, procedimientos y prácticas y se implementen los correctivos necesarios. El papel de la Junta educativa conjuntamente con el liderazgo de la HPS debe ser esclarecido con lo relacionado al monitoreo del cumplimiento de las políticas y procedimientos de los informes obligatorios. La HPS debería revisar sus comunicaciones internas y el programa de entrenamiento para notificación obligatoria con el fin de asegurarse que todos los empleados afectados están al tanto de las leyes de reporte obligatorio, hayan recibido un entrenamiento apropiado para el reporte obligatorio y que comprendan sus deberes. El informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno Federal observó que un distrito escolar creó hojas de utilleríaa del “tamaño de una identificación” para que el personal las llevara como recordatorio de las políticas del distrito sobre reportar sospecha de abuso y abandono.

Los protocolos, la capacitación y la orientación para el personal deben tomar en cuenta que los informes de abuso y negligencia a menudo pueden ser reportados interna y externamente. Hacer hincapié en el cumplimiento de los requisitos legales para reportar a las autoridades policiales y de bienestar infantil, a la vez que se garanticen protocolos de notificación interna claros para sospechas de abuso / negligencia infantil y otros incidentes de maltrato infantil. La HPS debe revisar sus prácticas y procedimientos de cumplimiento para asegurar que los informes periódicos sean ejecutados, revisados por el departamento apropiado y que cualquier instancia de incumplimiento sea dirigida inmediatamente.